Editorial
Periódico El Nuevo Día
Puerto Rico tiene que hacerle frente de una vez por todas a la obesidad, fuente de muchas enfermedades crónicas que, además de deteriorar la salud del pueblo, pesan sobre los sistemas salubristas públicos y privados que los contribuyentes y trabajadores sufragan, y atacan el bolsillo y la tranquilidad de las familias.
El hecho es irrefutable: casi el 70 por ciento de la población puertorriqueña está gorda y en camino de contraer enfermedades crónicas, cuando ya no las sufre.
El Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en Puerto Rico, dado a conocer en estos días por el Departamento de Salud, indica que los niveles mayores de sobrepeso se encuentran en personas adultas, entre los 55 y los 64 años. Pero tenemos que preocuparnos también muy especialmente por los niños, en los que la prevalencia de obesidad ha tomado una dimensión epidémica.
Se calcula que entre la población de niños asegurados por la Reforma de Salud alrededor de 9,500 ya son pacientes de diabetes tipo 2, que es la que se relaciona con el exceso de peso y los hábitos alimentarios inadecuados, mientras que otros 20,000 padecen enfermedades del corazón.
No existen estadísticas puntuales acerca de los menores de 18 años que ya muestran problemas metabólicos serios y que probablemente no estén siguiendo ningún tipo de dieta, lo cual sugiere que pudieran llegar a la adultez sufriendo enfermedades como diabetes, hipertensión o colesterol alto.
El patrón de alimentación de los adultos inevitablemente se refleja en los menores que viven en el hogar. Si los padres no se alimentan bien, los niños tampoco aprenderán a hacerlo. Las implicaciones están a la vista: casi la mitad de la población infantil podría estar mostrando algún tipo de desorden con su peso, lo que significa a la vuelta de pocos años necesitarán cuidados de salud especiales.
Es preciso destacar el vínculo entre el sobrepeso y la obesidad, y la pobreza. Esta reduce el acceso de la población a alimentos saludables, un factor que en nuestra sociedad va de la mano de la prisa y favorece la ingesta excesiva de comida rápida. Los hogares empobrecidos recurren más a los productos altos en calorías, pero bajos en nutrientes. En suma, el declive del nivel de vida está vinculado a una dieta que engorda.
Como parte del nuevo plan anunciado por el gobierno, se están impulsando algunas medidas en la Legislatura, como son los proyectos para extender a todas las escuelas del País un plan piloto que se basa en medir el índice de masa muscular de los estudiantes, educándolos y estimulándolos para que pierdan peso.
La base sigue siendo la prevención, y si las escuelas piensan tomar la iniciativa de reforzar los buenos hábitos, es necesario involucrar a los padres. Se ha observado que pequeñas acciones, como la ley que obliga a intercambiar el refresco por agua, en los establecimientos que incluyen bebidas azucaradas en sus ofertas, han tenido gran aceptación entre los consumidores. Sin embargo, no es suficiente.
Hace bien el secretario de Educación, Rafael Román, en exigir que se implanten medidas en las escuelas antes del inicio del próximo curso escolar. En esos centros educativos se sirve una buena parte de los alimentos que los niños reciben durante la semana, por lo tanto hay que asegurar la prevención desde los propios comedores escolares.
Hay que lograr el objetivo de adelgazar las estadísticas de sobrepeso tan peligrosas que tenemos. Lo exige la calidad de vida de nuestra gente; y el bolsillo del contribuyente que sufraga Mi Salud.
Tomado de: http://www.elnuevodia.com/opinion/editoriales/lametaescontarconunapoblacionsaludable-editorial-2201262/, el domingo, 22 de mayo de 2016
